Alfonso Vélez Jaramillo
Al nuevo gobierno nacional y de manera particular al presidente Abelardo de la Espriella y a sus representantes políticos en el Huila, les preguntamos si están enterados y ¿qué va pasar con la Caja de Compensación Familiar del Huila?.
Mucho ojo…Comfamiliar es un patrimonio histórico empresarial y social de los huilenses, razón por la que existe preocupación de los trabajadores y de manera particular de los empresarios que son sus aportantes parafiscales.
La entidad sobrepasó los cuatro años intervenida por la Superintendencia de Subsidio Familiar y en el Huila no se sabe nada, nadie se atreve a decir algo públicamente, solo lo que escriben en sus páginas oficiales, ¿nosotros bien y usted?.
Tal parece que el remedio ha sido peor que la enfermedad.
En Comfamiliar Huila se siente un ambiente enrarecido, entre otros puntos, porque casi siempre que se pregunta por el director administrativo encargado Juan Carlos Carvajal Rodríguez, está fuera de la ciudad. Además, hay descontento porque no es del Huila y ha contratado con personas de su departamento Santander, a más de 600 kilómetros de distancia.
Se hace énfasis y debe saberse que estos recursos parafiscales, los generan nuestros empresarios huilenses y son para el desarrollo social, exclusivamente de los trabajadores del Huila. Fuentes empresariales del Huila, admitieron que, no pueden seguir siendo pasivos, como si aquí no existiera recurso humano calificado para administrar los bienes de Comfamiliar. Los parafiscales son recursos causados generados, llegan por Ley y no son propiamente de gestión.
Eso sí, el director Juan Carlos Carvajal, se hizo aumentar la capacidad de compra directa sin control previo, de 500 salarios, unos 711 millones, el año pasado, a 3.500 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes (SMMLV).
Y de buenas, con el aumento del 23 por ciento del salario con Petro, esa capacidad de comprar le subió casi otros mil millones.
La cifra asciende hoy a más 6 mil millones de pesos de compra directa, únicamente con dos propuestas y la mera voluntad personal del director. La decisión salió de una asamblea general a la que no se le hizo la suficiente publicidad y asistió muy bajo porcentaje de empresarios. En el Huila hay más de 12 mil empresas afiliadas y, según testigos, no asistieron más de 200 a la asamblea. Repito: Ni siquiera los anteriores directores, inclusive ni Armando Ariza, que estuvo más de 20 años, se atrevieron a elevar la capacidad de compra directa de manera descomunal.
Inclusive, desde el gobierno anterior, tampoco se volvió a sentir la beligerancia que caracterizaba el control social de los sindicatos. Antes del Gobierno de Gustavo Petro, los directivos sindicales se rasgaban las vestiduras y protestaban por todo en la Caja. Increíble, hay más de 10 sindicatos en Comfamiliar y casi todos los trabajadores son fundadores y directivos entre sí, como en una deuda solidaria en cadena. La norma constitucional lo permite, pero no está bien visto socialmente que se abuse de la libertad constitucional de asociación. Y extraoficialmente se ha dicho que la entidad se recuperó financieramente y que hoy en día tiene un patrimonio positivo, que aparentemente es una buena noticia.
Pero nada manifiestan ni contrastan sobre los 700 mil millones de pesos en deudas con los hospitales, clínicas y demás IPS, que el anterior superintendente reconoció hace dos años. Existen gravosas demandas que generaron medidas cautelares y embargos contra bienes y arriendos de los locales cercanos a unos 100 millones mensuales y tampoco se ha hecho claridad sobre este delicado punto. Pasivos con IPS, hasta el año pasado: Las deudas acumuladas con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) superan los $700.000 millones entre obligaciones reconocidas y por reconocer. Existen procesos judiciales y bienes embargados que respaldan las garantías de los acreedores ante las instancias judiciales.
Comfamiliar Huila fue intervenida desde el día 27 de julio de 2022, por la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante la Resolución 0469, prorrogada este año por Resolución 0375 de 2026.
En el país hay 42 cajas de compensación familiar activas, 11 de ellas están bajo algún tipo de medida y, la del Huila lleva cuatro años intervenida y esta situación está generando malestar entre el empresariado.
Las Cajas de Compensación Familiar son personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, y aunque su naturaleza es privada, cumplen funciones de seguridad social. La ley se centra en el marco del Sistema del Subsidio Familiar y ejerce funciones de control, inspección y vigilancia del Estado. Los bienes del Estado, especialmente los de uso público y los parafiscales son inembargables, pero como Comfamiliar tiene ingresos provenientes de otros negocios, estos se ponen en peligro, si pueden ser perseguidos por los acreedores ante las instancias judiciales.
La Supersubsidio ha hecho caso omiso a estas denuncias, está adscrita al Ministerio del trabajo, por tanto, la nueva ministra Natalia Eugenia López Fuentes, debe apersonarse del asunto. Si la Superintendencia desdeña esa posibilidad, cuya solución se requiere con urgencia, que intervenga la ministra. Ahora, sí el nuevo gobierno, busca alternativas para evitar la quiebra del negocio social, cuya filosofía es prestar un servicio esencial de salud y bienestar para el trabajador, debe intervenir cuantos antes.
En varias columnas se ha requerido a Juan Carlos Carvajal Rodríguez, director de Comfamiliar, sobre la real situación de la entidad, y de los bienes embargados y anotados en varios procesos judiciales, que incluyen los cánones del arrendamiento de los cuatros locales del supermercado ubicados en Neiva y Garzón.
Incluso, de varios planes de vivienda en convenios del año 2023 con los municipios de Garzón y Gigante y tampoco se conoce la situación de esos proyectos.
Hay un hecho denunciado muy grave, en esos convenios quedó establecido que quien construiría las viviendas sería Comfamiliar, por su experiencia y trayectoria en el ramo.
De manera sorpresiva se denunció un hecho peligrosísimo en la esfera judicial. La entidad no procedió como quedó escrito, sino que contrató con terceros y allí puede nacer un dispendioso proceso penal.
De la urbanización en el lote ubicado en inmediaciones de El Tesoro, en Neiva, afectado con la medida cautelar, tampoco se sabe. Si estás embargado o tiene anotación judicial, como están haciendo para comercializarlo.
Lo que recibí fueron amenazas de denuncias penales y demandas, inclusive con las minutas ya escritas por el director, a las que solo bastaba que el suscrito las firmara.
Temerario y atrevido, ordenándose en el documento escrito por él a desmentir mis columnas, so pena de la denuncia penal.
Por cuya razón, le preguntó de nuevo “Que el director de Comfamiliar diga la verdad”, como lo hice en septiembre 26 de 2025 y en otras columnas, sin recibir aún respuesta solo amenaza de denuncia penal.